15/05/2015 14:02 Hs.
Conflicto en Abasto: Una ley decretada entre violencia, exclusión y postergación

Luego del violento desalojo que sufrieron 750 familias en Abasto, se aprobó la Ley de expropiación de terrenos para la creación de  viviendas, que pretende reducir el déficit habitacional de las familias que fueron desalojadas a pedido de Alberto Mattiolii (Dueño de Mattiolli propiedades), con una brutal represión, avalada por el Juez Marcelo Reale. Durante el lapso de una semana, los vecinos de Abasto, organizaciones sociales, concejales, el Vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, el Juez Federico Arias, entre otros tomaron cartas en el asunto para que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancione el proyecto de Ley.  Un repaso acerca de la lucha de intereses privados sobre las necesidades de los más desprotegidos y una ley que ahora está en manos del poder ejecutivo.

  

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En la madrugada del 7 de mayo vecinos de Abasto -partido de La Plata-, vivieron momentos de extrema tensión, luego de ser sorprendidos violentamente por 8 camiones de la policía bonaerense y un cuerpo de Infantería de la policía montada  que intervinieron el lugar, bajo la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3” de La Plata, a cargo de Pablo Reale. 

Hay que recordar que el conflicto se inició el 16 de abril cuando un grupo de familias arribó a la zona y comenzó a levantar precarias viviendas -cercanas a las quintas de algunos productores hortícolas-. De inmediato el presunto titular de los terrenos, Alberto Mattioli, hizo la denuncia en la fiscalía de Betina Lacki, que tomó curso instantáneamente y que el juez de Garantías, Marcelo Raele avaló ordenando el desalojo.

El día del atropello a más de 700 familias, el Concejo Deliberante local, aprobó el pedido de informes al Ejecutivo Municipal y Provincial para conocer el estado dominial y judicial de los terrenos de Abasto.

En la solicitud, el bloque de concejales instó información a organismos provinciales para que den cuenta de la cantidad de personas que habitan en el lugar, sobre las condiciones socioeconómicas en las que viven y el dominio de las tierras. Además, expresaron la necesidad de que el municipio interviniera a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud y Medicina Social, pero eso nunca sucedió.

En el medio del violento escenario, el Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el juez Luis Federico Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la localidad, también tomaron partido al respecto.

Por su parte, el Juez Arias, ordenó al gobierno de Daniel Scioli, que se abstenga de realizar el desalojo a través de un fallo que indica: "Más allá de cuánto pueda establecer la justicia penal en orden a la comisión del delito de usurpación que investiga, es obligación propia del Estado provincial contemplar la situación de las personas afectadas por la medida, en particular de los niños y las personas con discapacidad, adoptando medidas alternativas al desalojo que ofrezcan una solución a la necesidad habitacional de aquellas". En este sentido, tampoco hubo respuesta alguna.

El también presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto expresó su repudio hacia el brutal desalojo de las familias: "Lo que se esconde tras los hechos de Abasto no es otra cosa que un negociado inmobiliario, con nombre y apellido, en la persona de quien a través de un artilugio legal reclama unas tierras que no le pertenecen". Y continuó: "Ese que según muchos vecinos está acompañado por una autoridad eclesial que lo único que debe agradecerle a Dios es que nuestro Papa se encuentre a un océano de por medio, un juez de lapicera fácil para favorecer poderosos y una policía que no termina de entender que su función es proteger a la gente y no apalearla".

Mariotto además, hizo referencia acerca de los intereses que un empresario de la industria inmobiliaria tenía en juego y el día anterior al desalojo expresó que estaban en la búsqueda de alternativas institucionales, porque "esto se resuelve sin topadora y sin policía". En esta línea, remarcó que el predio tenía deudas con la AFIP, "así que es prácticamente del Estado".

El Vicegobernador mostró su preocupación acerca de la decisión de la justicia penal privilegiando la especulación inmobiliaria frente a las necesidades sociales de las personas que, asentadas en el predio, legítimamente se encontraban reclamando una vivienda digna, violando con dicho accionar las convenciones internacionales y comprometiendo la responsabilidad de la República Argentina frente a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

Y agregó: "Recuerdo las palabras de Don Osvaldo Ardizzone, en ‘A solas con uno mismo’: Cuando asistas sin inmutarte a un desalojo (…) comprobarás que te has transformado en lo que se dice comúnmente… ¡una mierda!  Y por las dudas, para quiénes no lo hayan leído, recomiendo el poema completo para que cuando se miren al espejo no sea demasiado tarde".

Por su parte, el ex dueño de Estudio Mattioli Propiedades -actualmente a cargo de sus hijos-, Alberto Mattiolli ofreció confusas explicaciones sobre las tierras: "Soy el propietario y dueño de las tierras, pero estoy prácticamente retirado de la actividad. Yo tengo el título y la forma de la propiedad. Lentini falleció y están los herederos a los que yo represento. Los impuestos los tenemos todos al día, menos una fracción que está mal valuada. No hay deuda fiscal", señaló el dueño de la inmobiliaria que tiene el manejo de los terrenos.

El juez Arias denunció el desalojo indicando que hay ausencia de políticas locales para que la gente más postergada tenga acceso a la vivienda y por eso la única forma de satisfacer ése derecho es ir y ocupar un terreno. Por ello, aclaró: "La gente no usurpó, la gente ocupó, que es algo totalmente distinto desde el punto de vista jurídico. Para que haya usurpación tiene que haber violencia, ruptura de cercos y alambrados, y acá la gente no hizo nada de eso".

Alberto Matiolli, hizo referencia a las críticas que recibió del Juez y contestó: "Cuando me presento a hacer la denuncia, previendo la usurpación, me encuentro con que el fiscal piensa que era un problema civil y no un delito penal. Cuando el miércoles los bolivianos con contrato firmado se presentaron en la fiscalía, ahí se da cuenta que es un delito de usurpación". Y añadió: "Hace veinte años que venimos arrendando y cobrándoles el alquiler a ellos. Tienen que volver los trabajadores, se necesita un poco de respeto hacia la gente que tiene contrato".

Luego de las declaraciones que realizó el ex dueño del estudio inmobiliario, un grupo de vecinos de Abasto, respaldados por agrupaciones políticas se movilizaron de inmediato y realizaron un escrache contra el Estudio cortando las calles principales de la localidad, en apoyo a las 750 familias violentamente desalojadas.

Algunos de los vecinos relataron que los despertaron con disparos. Una madre dijo: "Nos agarraron desprevenidos en la cama, estábamos durmiendo. Les pedí que no me saquen porque estaba con los nenes pero no les importó". Y agregó: "Entraron y quemaron los colchones, todas las poquitas cosas que teníamos, incluso los pañales de mi bebé".

Por otro lado, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el mismo 7 de mayo  expresaron su preocupación ante el violento accionar que arrojó como saldo numerosas personas heridas, y destacaron la prioridad de poner por encima el respeto y la integridad física de las personas.

El Secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores señaló: "El acceso a la vivienda y el respeto a la integridad humana son derechos fundamentales que deben protegerse".

El 6 de mayo -un día antes del desalojo-, el vicegobernador Mariotto,  explicó los alcances de un proyecto, presentado por el Senador Emilio López Muntaner, que prevé la expropiación de las tierras en disputa y la construcción de viviendas.

Mientras centenares de familias fueron expulsadas violentamente de sus precarias casas, acampando en lugares aledaños al predio, algunas organizaciones sociales y precandidatos a intendentes también se acercaron a brindar ayuda. Entre ellos, estuvieron presentes la concejal por el Fpv, Florencia Saintuot que repudió el arrebato de las tierras "Es alarmante el silencio de la Municipalidad de La Plata frente a uno de los peores atropellos a los derechos humanos en la ciudad de los últimos años".

Por otro lado, el Diputado del Frente de Izquierda y pre candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PTS, Christian Castillo, le exigió explicaciones al Ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados por la represión en Abasto. Luego de estar presente en el lugar del desalojo manifestó: "Exigiremos que Granados explique por qué en la madrugada del jueves 7 de mayo, cientos de familias fueron brutalmente desalojadas y reprimidas mientras más de 500 efectivos de distintas fuerzas avanzaron con todo lo que encontraban por delante".

Por su parte, La Juventud Radical Popular de La Plata también repudió la represión y pidió que el Estado intervenga en la expropiación de las tierras y la construcción de un complejo habitacional en el lugar. En un comunicado, expresaron que "la situación actual de las cientos de familias reprimidas por la policía durante la semana en Abasto demuestra una vez más que en estos tiempos lo que importa es la defensa de la propiedad privada por sobre el ejercicio popular de cualquier Derecho Social y Humano".

"Acá está la consecuencia de los años de desidia que vienen sufriendo los sectores populares como consecuencia de las políticas económicas de identidad noventista, donde los sectores que más acumulan pisotean a los que menos tienen, y condenan a generaciones anteras a ser víctimas de una lógica de mercado deshumanizada y nefasta", subrayó la JRP

Luego de una semana -13 de mayo- de tensiones y movilización las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, sancionaron el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación 40 hectáreas que estaban ocupadas por 700 familias que fueron desalojadas de forma brutal por la Policía bonaerense.

La iniciativa, que ingresó en tiempo récord -redactada por Emilio López Muntaner-, recibió media sanción en la Cámara de Senadores, donde la máxima autoridad del cuerpo legislativo, logró dejar su impronta.

El senador provincial López Muntaner agradeció el acompañamiento de los bloques opositores y subrayó que la norma incorpora el compromiso por parte del Estado en avanzar en el plan de viviendas y agregó "Habrá una planificación urbana en donde se tengan en cuenta los espacios públicos, la construcción de una escuela y de una sala sanitaria".

Al término de la sesión en la Cámara Alta, Diputados dio un rápido tratamiento a la iniciativa luego de los discursos de los legisladores Diego Rovela, Juan Cocino, Alicia Sánchez, Gustavo Di Marzio y Christian Castillo, quien aseguró que "la aprobación de la expropiación es producto de la movilización impulsada por las familias junto a organizaciones políticas, sociales y derechos humanos".

Al tiempo que encendió la alarma por el déficit habitacional que sufre la Provincia de Buenos Aires en la actualidad: "son 1.200.000 familias que actualmente están en situación de emergencia".

De este modo, se aprobó el texto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos ocupados por las familias en la periferia de la capital bonaerense, y será responsabilidad del Poder Ejecutivo promulgar la reciente ley.

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Aprobación de la Ley de expropiación de tierras.
Violento desalojo en Abasto.
Juez Luis Federico Arias.
Vicegobernador, Gabriel Mariotto.
Senador Provincial,  Emilio López Muntaner.
Escrache vecinal a Estudio Mattiolli Propiedades.

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