02/08/2020 09:18 Hs.
A dos años de la explosión de la escuela en Moreno que le costó la vida a Sandra y Rubén, una docente y un auxiliar

Este domingo se cumple el segundo aniversario de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela 49 de Moreno que fallecieron tras la explosión provocada por una fuga de gas en ese establecimiento educativo. La instrucción de la causa ya terminó y fue elevada a juicio con cuatro imputados pero para la fecha del juicio podría ser recién en 2021.

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"A dos años de las muertes evitables de Sandra y Rubén: ¡No nos olvidamos", dice la consigna con la que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Airs (SUTEBA) convocó a conmemorar el segundo aniversario de la explosión en la escuela 49 de Moreno.

Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora ella y auxiliar él en la escuela Nicolás Avellaneda, murieron el 2 de agosto de 2018 cuando la explosión provocada por un escape de gas hizo estallar la zona donde se encontraban, momentos antes de que llegaran los estudiantes.

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"Se cumplen dos años de las muertes evitables de nuestrxs queridxs compañerxs Sandra y Rubén por responsabilidad absoluta de las políticas de ajuste del Gobierno de Vidal. La explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno fue producto del abandono y la desidia", reclamaron desde el sindicato que conduce Roberto Baradel.

Para recordar el luctuoso episodio y mantener la memoria viva de los falleidos, el Frente de Unidad Docente dispuso diversas actividades en toda la provincia y un acto central virtual cuyo comienzo de transmisión fue previsto para las 9.30.

La causa penal que investiga la explosión que les costó la vida a Sandra y Rubén fue elevada a juicio a fines de 2019 pero todavía no tiene fecha para el debate oral y público. Las demoras provocadas por la situación de pandemia indican que habrá que esperar hasta 2021.

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Los imputados son cuatro: el gasista que inspeccionó la escuela el día antes de la explosión, Cristian Javier Ricobene; el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Matías Nasif; la expresidenta, Mónica Claudia Alicia Berzoni; y el responsable del área de Infrastructura, Jorge Oscar Galián.

Ricobene está imputado por "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio a la Administración Pública". Había sido designad por el Consejo Escolar para las tareas de gasista a pesar de que su licencia sólo lo habilitaba para instalaciones domésticas unifamiliares y estaba vencida desde 2015.

El día antes de la explosión había estado en el establecimiento educativo porque la propia Sandra Calamano lo había convocado por el olor a gas detectado. Según consta en el expediente judicial, Ricabane dio por solucionado el tema apenas "con cerrar la llave del calefactor y encender un ventilador".

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El Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido por la Dirección  General de Cultura y Educación, como se denomina en la provincia de Buenos Aires al Ministerio de Eduación. Gobernaba María Eugenia Vidal y su ministro era Gabriel Sanchez Zinny.

El interventor, Matías Nasif, había designado directamente a Ricabane como gastista para atender diversos establecimientos educativos de Moreno. Está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Era su responsabilidad, en el área de Infraestructura, "prestar especial atención al cumplimiento de la normativa específica para la contratación, evaluación de los costos, seguimiento y calidad de los trabajos contratados".

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La expresidenta del Consejo Escolar, Mónica Berzoni, había llegado al cargo tras acompañar al intendente Walter Festa en la lista con la que ganó en 2015. Había dejado el cargo a fines de octubre de 2017.

Berzoni también está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público:  fue quien seleccionó al gasista Ricobene para las tareas que le encomendaron en las escuelas de Moreno, entre ellas la 49 Nicolás Avellaneda.

Por su parte, Jorge Oscar Galián fue responsable del área de Infraestructura durante la presidencia de Berzoni en el Consejo Escolar y, al igual que ella, está acusado de participar de la selección del gasista que carecía de licencia habilitante para la tarea encomendada.

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El juez de Garantías Gabriel Castro sobreseyó al tesorero del Consejo Escolar Jorge Almada; al secretario técnico Pablo Daniel Perazzo; y a los consejeros escolares Carlos Lana y Walter Nieto por considerar que no tenían "vinculación directa ni eran responsables directos”.

 

Durante la instrucción de la causa camino a la elevación a juicio, la fiscala del caso, Gabriela Urrutia, no reunió pruebas suficientes que permitieran acusar y pedir procesamiento para un eventual jucio contra otros funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal.

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