20/02/2010 07:41 Hs.
Balcarce: Para Echeverría hubo instigadores en toma de viviendas

En conferencia de prensa, el Jefe Comunal aseguró que hubo "agitadores" e "instigadores". Defendió la entrega anticipada aunque las casas no tengan los servicios básicos y sostuvo que la Justicia sigue trabajando en la investigación.

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Pasaron más veinte días desde que se produjo la primer toma de viviendas del Plan Federal y es la primera vez que el Intendente José Echeverría convocó a la prensa para hacer referencia a lo sucedido con las usurpaciones de casas y al revés que recibió preliminarmente en la justicia.

Tras tomar la decisión de entregar en forma precaria y anticipada las viviendas que aún no habían sido ocupadas a los adjudicatarios -que en muchos casos ni siquiera tienen puertas ni ventanas y en ninguno tiene servicios básicos como agua y cloacas- anunció gestiones para obtener el dinero para finalizar las obras.

Según el Jefe Comunal hubo "agitadores" que habrían provocado e incitado a los usurpadores a tomar las casas.  Indicó que las circunstancias fueron inesperadas, pero está en manos de la Justicia, que está investigando. Según el Jefe Comunal los propios usurpadores contaron cómo y quién les dijo que tomen las casas.

Luego de que algunos medios insistieran en que dé los nombres de los supuestos instigadores el Intendente respondió: "La Justicia lo dirá" e hizo referencia al estado de situación de los dueños legítimos del barrio. Los adjudicatarios soportaron tres o cuatro años de espera por el retraso de las obras.

Echeverría se excusó por el estado en el que se entregaron las viviendas y dijo que hasta que el trabajo no esté terminado, pertenecen a la empresa adjudicataria de los trabajos, que tiene la responsabilidad de finalizar y aseguar el predio en el que construye las unidades habitacionales.

Situaciones similares en Tandil, Moreno y San Pedro, por sólo citar algunos ejemplos, han corrido diversa suerte de acuerdo a las decisiones que cada municipio adopte y el juzgado que intervenga. En el caso de la ciudad ribereña, los okupas llevan años en un barrio que estaba casi listo para entregar antes de las elecciones de 2007. La Justicia de San Nicolás terminó responsabilizando al municipio condenándolo a construir casas para los verdaderos adjudicatarios y argumentando en defensa de los okupas que "no hubo usurpación porque las puertas de las viviendas no poseían las llaves", motivo por el cual consideraron que no se podía considerar el delito de "usurpación".